GESTIÓN DEL RIESGO | Una Defensora Del Cambio

🟢 Gestión del Riesgo Comunitario

Creo en una gestión del riesgo construida desde la gente, que convierte el conocimiento en poder comunitario y en una herramienta de organización para cuidar la vida. Una gestión del riesgo que nace de la autonomía territorial, se articula con la justicia ambiental y reconoce que la reducción de vulnerabilidades es también una lucha por la dignidad. Porque prevenir no es solo anticipar desastres, sino fortalecer comunidades capaces de decidir sobre su territorio y defender la vida en todas sus formas.

¿Qué propongo?

✅ Reformas de Ley

Reforma a la Ley 1523: incluir la participación comunitaria y la adaptación al cambio climático como ejes centrales del conocimiento y la reducción del riesgo y la creación del Fondo Nacional para la Adaptación Local y Comunitaria: recursos directos para fortalecer la resiliencia y la acción climática desde los territorios.

Crear una Ley de Reasentamiento Digno e In Situ, que prohíba el desplazamiento forzado por obras o declaratorias de riesgo sin garantías de retorno, participación y permanencia. La ley debe priorizar soluciones dentro del mismo territorio, con acompañamiento social, compensación justa y alternativas productivas.

🔍 Control Político

Citar a UNGRD, IDIGER y Secretaría de Hábitat para rendir cuentas sobre la inversión en prevención, no solo en atención de emergencias. Exigir que los presupuestos de mitigación se distribuyan territorialmente con criterios de justicia y no por priorización burocrática.

Auditar los mapas oficiales de riesgo para verificar que coinciden con la realidad del territorio y no excluyen barrios populares para evitar responsabilidades institucionales. Exigir metodologías abiertas, con participación comunitaria y trazabilidad pública.

🛡 Defensa y garantía de Derechos

Visibilizar a los barrios no reconocidos como zonas de riesgo, llevando al Congreso sus cartografías comunitarias, testimonios y propuestas para exigir reconocimiento estatal y acceso a planes de mitigación.

Defender el derecho a organizarse y producir conocimiento propio del riesgo, respaldando legalmente asambleas populares, comités barriales y redes de alerta temprana para que no sean perseguidas o deslegitimadas por entidades oficiales.